El gobierno convirtió a la Casa de la Moneda en una Sociedad Anónima del Estado
La Casa de Moneda se transformó en una Sociedad Anónima del Estado, tal como confirmó el Decreto 295/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Esta decisión implica que la entidad responsable de la impresión de billetes y acuñación de monedas será ahora una Sociedad Anónima Unipersonal. Como parte de esta medida, Pedro Daniel Cavagnaro fue ratificado como interventor.
El decreto subraya que el DNU N° 70/23 había declarado la emergencia pública en varios sectores, incluyendo el económico y el social, hasta finales de 2025. Se destaca la necesidad de una reorganización profunda de las empresas públicas para mejorar la eficiencia del sector público. En este marco, se derogó la Ley N° 20.705 y se ordenó que las entidades con participación estatal se conviertan en Sociedades Anónimas, conforme a la Ley General de Sociedades.
Se estableció un período de transición inicial de 180 días para implementar estos cambios, plazo que fue extendido por los decretos 553/24 y 1120/24 con el objetivo de cumplir adecuadamente las disposiciones del DNU. En este contexto, para optimizar las operaciones de la Casa de Moneda, el Decreto N° 964/24 decretó la intervención de la entidad por 180 días a partir del 1 de noviembre de 2024, nombrando a Cavagnaro en su rol.
En diciembre de 2024, durante una asamblea general extraordinaria, la Casa de Moneda fue formalmente transformada en una sociedad anónima unipersonal, y su nuevo estatuto fue aprobado, sujeto a la convalidación del Poder Ejecutivo Nacional. Esto supone una necesaria adaptación en función de las actividades que la entidad desarrolla actualmente.
De acuerdo con un informe del interventor, la Casa de Moneda organiza sus operaciones en cinco áreas de negocio diferentes: producción de dinero circulante, fabricación de estampillas fiscales e instrumentos de control fiscal, producción de pasaportes, producción de placas patente y servicios relacionados con el Banco Central de Argentina. El interventor ha emprendido acciones para evaluar la estructura organizativa y el funcionamiento de estas áreas, destacando que el proceso requiere más tiempo del originalmente previsto. Así, su mandato fue extendido por 120 días adicionales.
