Reforma laboral: advierten que bajarían las indemnizaciones y crecen críticas por el Fondo de Asistencia Laboral
Especialistas en derecho laboral alertaron que, de aprobarse el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso y que podría recibir sanción del Senado en los próximos días, los trabajadores despedidos en el futuro percibirían indemnizaciones menores a las actuales.
Según explican abogados laboralistas, la iniciativa introduce cambios en la base de cálculo indemnizatoria, al excluir conceptos que no tienen carácter mensual y que se devengan en forma periódica, como el aguinaldo u otros adicionales que se abonan cada tres o seis meses. Sobre estos ítems, señalan, ya existen discusiones jurisprudenciales, pero la nueva redacción limitaría expresamente su inclusión.
Los especialistas también cuestionan lo que consideran una “confusión” en torno a los derechos adquiridos. En ese sentido, sostienen que el derecho a la indemnización nace en el momento del despido y no al inicio de la relación laboral. Por lo tanto, si la ley se sanciona, “todos los trabajadores en actividad pasarán a tener nuevas limitaciones en el cálculo de la indemnización, sin importar la antigüedad que acumulen”, advierten.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que apunta a cubrir indemnizaciones a través de recursos provenientes del sistema de seguridad social.
La iniciativa generó reparos tanto en abogados vinculados a la defensa de trabajadores como en sectores sindicales. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que el esquema implicaría utilizar aportes del sistema previsional para financiar despidos en el ámbito privado.
De acuerdo con los cuestionamientos, si bien podría justificarse un fondo específico para atender cesantías por razones económicas o tecnológicas, el planteo es distinto cuando se trata de un despido sin causa. En esos casos, recuerdan que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario, lo que históricamente se interpretó como la obligación del empleador de afrontar el costo correspondiente.
Para los especialistas críticos, el nuevo esquema podría diluir ese principio al trasladar parte de la carga al sistema de seguridad social. “La lógica constitucional exige que exista una consecuencia para desalentar el despido arbitrario”, sostienen.
En ámbitos políticos se interpreta que la propuesta podría estar vinculada a la intención oficial de dinamizar el mercado de capitales, en línea con la estrategia económica impulsada por el ministro Luis Caputo. No obstante, los laboralistas advierten que no existen antecedentes internacionales relevantes donde las indemnizaciones por despido sin causa se financien con fondos de la seguridad social.
El debate continuará en el Senado, en medio de posiciones encontradas sobre el alcance de los cambios y su impacto en los derechos laborales.
