Caen las transferencias nacionales y se profundiza la presión sobre Santiago del Estero
Durante marzo de 2026 se confirmó una tendencia que ya venía marcando el pulso fiscal de las provincias argentinas: la caída sostenida de los recursos que envía la Nación. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias automáticas volvieron a retroceder por tercer mes consecutivo, con un impacto que también alcanzó a Santiago del Estero, donde la baja interanual fue del 3,9% en términos reales.
A nivel general, los Recursos de Origen Nacional (RON) registraron una caída del 3,8% en marzo, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos mostró un descenso aún más pronunciado, del 7% interanual. Estos datos se suman a los retrocesos de enero y febrero, configurando un primer trimestre especialmente adverso: en promedio, los RON cayeron 6,1% y la coparticipación un 8%.
En el caso de Santiago del Estero, la contracción refleja una dinámica que se repite en casi todas las jurisdicciones del país. La única excepción fue Salta, que logró un leve crecimiento. Sin embargo, el panorama general es homogéneo: menos actividad económica implica menor recaudación de impuestos nacionales y, por ende, menos fondos distribuidos a las provincias.
El problema no se limita a los fondos que llegan desde la Nación. Las provincias también enfrentan una caída en sus propios ingresos. Los Recursos de Origen Provincial (ROP) vienen mostrando un deterioro sostenido desde fines de 2023, con una baja promedio del 7,3% en términos reales respecto al período previo. A esto se suma una nueva caída del 3,5% en enero de 2026. Para las provincias, este doble golpe -menos transferencias nacionales y menor recaudación propia- genera una presión creciente sobre sus cuentas públicas.
El gasto provincial está altamente concentrado en servicios sociales, que representan entre el 70% y el 80% del total. Esto incluye salarios de docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y jubilaciones. En este contexto, la reducción de recursos obliga a los gobiernos provinciales a tomar decisiones difíciles: recortes, postergación de aumentos salariales o ajustes en áreas sensibles.
En Santiago del Estero, como en otras provincias, esta situación puede traducirse en mayores tensiones con el sector público. A nivel nacional, ya se registran al menos 92 conflictos laborales estatales en lo que va de 2026, de los cuales más del 80% siguen activos. La pérdida del poder adquisitivo, en un contexto inflacionario, agrava el escenario y anticipa posibles nuevos reclamos.
Frente a la escasez de recursos, el Gobierno nacional ha comenzado a ofrecer adelantos de coparticipación. Si bien estos mecanismos permiten aliviar necesidades inmediatas, implican un compromiso a futuro: las provincias deberán devolver esos fondos con una tasa del 15%, lo que reduce aún más sus ingresos en el mediano plazo.
Además, no todas las provincias acceden en igual medida a transferencias no automáticas como los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). En el primer trimestre del año, doce jurisdicciones concentraron estos envíos por un total de $73 mil millones, sin que Santiago del Estero figure entre las principales beneficiadas.
El cuadro que se configura es complejo: caída del consumo, menor actividad económica, reducción de ingresos fiscales y aumento de la conflictividad social. Para Santiago del Estero, esto implica sostener el equilibrio fiscal en un contexto cada vez más restrictivo, donde la dependencia de fondos nacionales se vuelve un factor crítico.
De mantenerse esta tendencia, el desafío para la provincia no solo será financiero, sino también político y social, en la medida en que deberá administrar recursos escasos sin descuidar áreas clave como salud, educación y seguridad.
