Defensores del Pueblo de todo el país quieren una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en un documento, que también suscribe el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, fija una posición política e institucional clara: respalda la creación de una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas del país, especialmente para el Norte argentino, pero rechaza que ese beneficio se consiga a costa de reducir el Régimen de Zona Fría.
El documento introduce así el concepto de “pobreza energética” y plantea que, especialmente en hogares de menores recursos, pagar electricidad y gas empieza a competir directamente con gastos esenciales como la alimentación.
La entidad considera que la tarifa diferenciada para las provincias sometidas a temperaturas extremas, como el NOA, constituye una “deuda histórica”, porque en esas regiones la electricidad —principalmente para refrigeración— es un servicio esencial cuyo consumo está determinado por condiciones climáticas y no por una elección de los usuarios.
Sin embargo, cuestiona el mecanismo impulsado por el Gobierno nacional, ya que el nuevo esquema para zonas cálidas quedaría sujeto a la aprobación previa de la reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías y luego sería instrumentado mediante una resolución de la Secretaría de Energía.
Por ello, ADPRA formula cuatro reclamos concretos: que la tarifa diferencial para zonas cálidas y muy cálidas sea creada por ley y tenga carácter permanente; que se determine mediante criterios técnicos y bioclimáticos objetivos; que no se financie ni condicione a una reducción del Régimen de Zona Fría; y que cualquier modificación de ambos sistemas pase por el Congreso, contemple previamente su impacto sobre los usuarios y mantenga los beneficios actuales hasta establecer un régimen integral.
Desde la mirada de ADPRA, allí está uno de los principales problemas: un derecho de fuerte impacto social no debería depender de una negociación política coyuntural ni de una resolución administrativa que posteriormente pueda ser modificada o eliminada por la misma vía. Por eso reclama que el beneficio tenga rango legal, carácter permanente y criterios técnicos objetivos basados en la zonificación bioclimática.
Rechaza expresamente una lógica de compensación entre regiones. Para los defensores, no corresponde quitar o reducir beneficios a las familias de las zonas frías para financiar o conseguir respaldo legislativo para las zonas cálidas. Ambos regímenes responden a necesidades climáticas legítimas: calefacción en unas provincias y refrigeración en otras. En términos políticos, ADPRA intenta evitar que la discusión se transforme en una disputa entre el Norte y las provincias alcanzadas por la ampliación del régimen de Zona Fría sancionada en 2021.
Por último, otro eje central es el fuerte incremento del costo de los servicios públicos. ADPRA sostiene que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la canasta de servicios aumentó muy por encima de la inflación y advierte que el gasto energético tiene una incidencia cada vez mayor sobre los ingresos familiares.
