Avanza el ajuste en el INTA: ya son 757 los trabajadores que dejaron el organismo
El plan de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional sobre los organismos del Estado avanza con fuerza y ya impacta de lleno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un sostenido proceso de reducción de personal en todo el país.
El programa de retiros voluntarios, promovido por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y financiado por el Ministerio de Economía, alcanzó este lunes 15 de junio una nueva instancia clave: 380 agentes dejaron formalmente sus funciones, elevando el total de desvinculaciones a 757 trabajadores a nivel nacional.
La iniciativa forma parte de una política de fuerte recorte del gasto público y tiene como meta reducir en aproximadamente un 20% la planta de personal del organismo.
Actualmente, el INTA cuenta con unos 5750 empleados, pero el objetivo oficial es achicar esa estructura hasta consolidar una dotación cercana a los 4500 trabajadores. Para ello, las autoridades fijaron un cupo máximo de 1200 adhesiones voluntarias, cifra a la que se aproximan a medida que avanza la revisión de expedientes.
En paralelo, el Consejo Directivo del INTA evalúa contrarreloj unos 150 casos adicionales que aún se encuentran pendientes de resolución.
Impacto en el territorio
Aunque el ajuste tiene alcance federal, el impacto ya se hace sentir en las agencias de extensión rural y estaciones experimentales del interior, donde la salida de técnicos y especialistas comienza a resentir el funcionamiento cotidiano.
En la localidad bonaerense de Rauch, por ejemplo, se confirmó la salida de ocho trabajadores de la agencia local. En tanto, en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro, nueve agentes se acogieron al retiro voluntario, entre ellos su directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen.
La desvinculación de la titular de una de las estaciones más relevantes para la fruticultura, horticultura y el desarrollo agroindustrial del corredor del Paraná encendió señales de alarma en el sector productivo, ya que evidencia que el proceso de ajuste avanza sin distinción de jerarquías ni trayectorias técnicas.
Este fenómeno se replica en decenas de municipios de la región pampeana, el NOA y la Patagonia, donde los profesionales del INTA cumplen funciones clave en la asistencia a pequeños y medianos productores, el monitoreo de cultivos y el desarrollo genético.
Polémica por las condiciones
Dentro del organismo, el malestar de los trabajadores no tardó en emerger, con críticas centradas en la letra chica de los acuerdos económicos.
Según la normativa vigente, quienes adhieren al retiro voluntario perciben una compensación equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, a pagarse en una única cuota dentro de los 30 días.
Sin embargo, el Ministerio de Economía resolvió reconocer únicamente los años trabajados en planta permanente, dejando bajo revisión las antigüedades acumuladas en contratos transitorios, lo que generó cuestionamientos entre los empleados.
Además, quienes aceptan la desvinculación quedan inhabilitados por cinco años para reingresar a cualquier área de la administración pública nacional.
Un interrogante a futuro
Con un costo fiscal que ya supera los $101.700 millones, financiado por la cartera que conduce Luis Caputo, el plan de retiros abre interrogantes sobre la capacidad operativa futura del INTA.
En ese contexto, el principal desafío para el sector agropecuario será medir el impacto real de este proceso de achique en la transferencia tecnológica, la investigación científica y el acompañamiento al productor, pilares históricos del organismo de cara a las próximas campañas.
