Durante las negociaciones de la nueva Ley Bases, la Fundación Barbechando destacó que tanto el oficialismo como la oposición dialoguista acordaron incluir la reforma laboral. Esta medida replica parte de la iniciativa propuesta en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual, tras ser invalidado por la Justicia, busca ahora obtener aprobación legislativa.
En el contexto agrario, existe una ley específica, la Ley de Trabajo Agrario, que regula las relaciones laborales. Sin embargo, en casos donde esta normativa no es aplicable, se recurre a la Ley de Contrato de Trabajo como referencia legal.
No obstante, dentro de este consenso aparente, el sector agrario busca asegurar cambios significativos en lo que respecta al trabajo en el campo. Uno de los principales puntos de fricción gira en torno a los períodos de prueba para los trabajadores.
En ese sentido, el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales se convirtió en el escenario principal donde se discuten estos temas candentes.
Según la normativa vigente, el contrato de trabajo agrario se considera permanente y de prestación continua, sin posibilidad de períodos de prueba. Ante esta situación, Barbechando solicitó la eliminación de esta restricción, buscando flexibilizar las condiciones laborales en el sector.
En un intento por flexibilizar las prácticas laborales, proponen una modificación al artículo 69 de la ley, el cual regula el funcionamiento de las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales. Actualmente, esta disposición establece que estas bolsas provean a los empleadores del personal necesario para tareas temporarias en actividades agrarias.
Sin embargo, la propuesta de Barbechando sugiere que los empleadores tengan la libertad de contratar a cualquier persona, ya sea sugerida por la bolsa de empleo o no. En la actualidad, una lista de “veedores” del sector agrario forma parte de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA), el organismo encargado de regular la actividad.
En tanto, el artículo 12 de la ley establece un régimen de solidaridad para aquellos que contraten o subcontraten la realización de trabajos agrarios con terceros. Esta disposición establece que dichos empleadores son solidariamente responsables de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores, independientemente de los contratos o acuerdos establecidos.
Barbechando busca modificar este régimen, proponiendo que los trabajadores sean empleados directos de quienes “registren la relación laboral”.
En este contexto, la Fundación también hizo hincapié en la necesidad de abordar un punto que actualmente no está contemplado en la ley: la presunción laboral. Proponen que no se presuma una relación laboral en casos de contrataciones de obras o servicios profesionales, cuando se emitan facturas o recibos, o cuando el pago se realice a través de sistemas bancarios. Esta sugerencia busca clarificar y proteger las relaciones laborales en el contexto de contrataciones independientes, según destacaron.
Por su parte, la Confederación Rural Argentina (CRA), se sumó al debate con una solicitud específica. Piden que cualquier reforma laboral futura incluya el régimen particular de Trabajo Agrario. Lamentan la existencia de un régimen laboral diferenciado para un sector tan vital como el agro, y destacan la importancia de modificar aspectos como el período de prueba, la solidaridad laboral y las bolsas de trabajo, considerados obstáculos en las relaciones laborales del sector.
En un paso más hacia la acción, Adrián Luna Vázquez, dirigente de CRA, participará como expositor este viernes en la Comisión de Trabajo y Legislación Laboral. Su intervención tiene como objetivo respaldar la postura de la CRA y defender las razones que fundamentan su posición. Asimismo, CRA enfatizó que estas modificaciones laborales no solo beneficiarán al sector agrario, sino que también contribuirán a generar más y mejores oportunidades de empleo en la producción primaria del país.
