Tierra del Fuego demandará judicialmente al Estado si avanza con la quita de aranceles
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió que su administración iniciará acciones judiciales contra el Gobierno nacional si se concreta la decisión de eliminar los aranceles a productos tecnológicos ensamblados en la isla. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó un fuerte rechazo en la provincia más austral del país, donde más de 8500 puestos de trabajo dependen directamente de la industria electrónica.
A la espera de la publicación de la normativa en el Boletín Oficial, Melella fue categórico: “Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”, expresó, y acusó al oficialismo de actuar “con violencia y soberbia”, sin respetar al pueblo fueguino. El mandatario denunció además que la Casa Rosada no notificó a su gobierno ni a los referentes locales de La Libertad Avanza sobre la medida, según declaró en una entrevista radial.
El gobernador también cargó contra el diputado José Luis Espert y el ministro Federico Sturzenegger, a quienes acusó de despreciar a la provincia. Criticó sus declaraciones que proponían convertir Tierra del Fuego “en un parque de diversiones”, y cuestionó la visión centralista desde la que, afirmó, se evalúan decisiones que afectan directamente a una economía regional compleja y extendida en toda la isla. “Hablan con una lógica porteña, subestiman”, enfatizó.
“Sin argumentos y con violencia, realmente es complicada la situación. Nos enoja muchísimo porque se trata de puestos de trabajo”, insistió Melella, y recordó que ya en la gestión de Mauricio Macri se vivieron consecuencias negativas similares con la quita de beneficios a las notebooks. “No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo”, remarcó, defendiendo el carácter calificado y estratégico de la industria tecnológica fueguina.
En paralelo, las plantas electrónicas radicadas en la provincia iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Melella respaldó la protesta sindical, destacando que “es la herramienta que tienen los trabajadores”, y advirtió que la afectación no se limitará al sector fabril. “Cuando se pierde un empleo industrial, también lo sufre el taxista, el almacenero, el que tiene una cabaña en Tolhuin”, ejemplificó.
La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, también alertó que el anuncio “puede significar la pérdida de miles de empleos y menor competitividad para la industria”, subrayando que “la industria significa soberanía y el gobierno nacional vuelve a ponerla en jaque”.
Desde el sector empresario, Ana Vainman, presidenta de la Asociación Fueguina de Representantes de la Industria Electrónica (AFARTE), optó por una postura más cauta. Sobre la promesa de simplificación aduanera hecha por el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que podría representar una mejora logística, aunque aclaró: “Es fundamental esperar la publicación de la normativa para entender el impacto real”.
Vainman también desmintió que la baja anunciada en precios de celulares impacte en los productos nacionales: “El ejemplo se refería a productos importados, no a los fabricados en Tierra del Fuego”, explicó. Asimismo, señaló que la eliminación de impuestos internos no se traducirá de inmediato en una baja de precios, ya que estos tributos se pagan por adelantado y el stock actual ya los incluye.
Tierra del Fuego se encuentra, así, en el centro de una nueva pulseada entre la Nación y una provincia que defiende su matriz productiva frente a medidas que, según advierten autoridades y empresarios, ponen en riesgo el entramado laboral y económico de toda la región.
