La Mesa de Enlace y la industria frigorífica rechazaron el plan del Gobierno para modificar el financiamiento del IPCVA
Las entidades que integran la Mesa de Enlace y las principales cámaras de la industria frigorífica manifestaron su rechazo al anteproyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone eliminar, a partir del 1 de octubre de 2027, el aporte obligatorio que financia al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea que los aportes de productores ganaderos y frigoríficos pasen de ser obligatorios a voluntarios, una medida que el sector considera que podría derivar en la desfinanciación del organismo e incluso en su desaparición.
Aunque el proyecto todavía no ingresó al Congreso y forma parte de un borrador de la futura Ley de Desregulación, ya generó preocupación entre los actores de la cadena cárnica.
El texto propone derogar varios artículos de la Ley 25.507, que creó el IPCVA en 2001 y estableció tanto sus funciones como su sistema de financiamiento.
En uno de sus artículos, el anteproyecto establece que desde el 1 de octubre de 2027 dejarán de existir las contribuciones obligatorias destinadas al Instituto, al tiempo que instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a cesar la percepción y recaudación de esos fondos.
Frente a esta propuesta, las entidades que conforman el Consejo de Representantes del IPCVA difundieron un documento conjunto en el que expresaron su “firme respaldo” al organismo y destacaron que se trata de una herramienta estratégica para el desarrollo de la cadena bovina argentina.
El pronunciamiento lleva las firmas de los presidentes de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y de las principales cámaras frigoríficas del país.
En el documento recordaron que el IPCVA se financia exclusivamente con fondos privados, aportados por productores y frigoríficos.
Actualmente, los productores realizan una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna, mientras que la industria aporta el 0,03%, un monto que, según explicaron, representa aproximadamente $1.200 por animal faenado, es decir, el equivalente al valor de 250 gramos de carne.
“Sería el fin del Instituto”
Las entidades sostuvieron que mantener el sistema de aportes obligatorios es indispensable para garantizar el funcionamiento del IPCVA y remarcaron que modelos similares existen en los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, donde incluso algunos institutos reciben además financiamiento estatal.
También advirtieron que Argentina destina a la promoción internacional de su carne mucho menos presupuesto que otros competidores, por lo que consideran que transformar el aporte en voluntario implicaría, en los hechos, la eliminación del instituto.
Según destacaron, el trabajo del IPCVA fue determinante para abrir nuevos mercados internacionales, consolidar acuerdos comerciales, fortalecer los vínculos sanitarios con países compradores y posicionar la marca “Carne Argentina” como un producto premium en el exterior.
Asimismo, recordaron que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina al fortalecimiento del Senasa, en tareas vinculadas al comercio internacional.
Breitschmitt: “Es lo mismo que cerrar el Instituto”
El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, también cuestionó la propuesta del Gobierno y aseguró que el sistema de aportes voluntarios “no es algo superador”.
“Es lo mismo que decir cerremos el Instituto“, afirmó.
El dirigente sostuvo que el IPCVA ha demostrado ser una herramienta eficaz para la promoción de la carne argentina y advirtió que su desaparición dejaría al país en desventaja frente a sus competidores internacionales.
Como ejemplo, recordó la participación del organismo en la ampliación de la cuota de exportación de carne hacia Estados Unidos y en las negociaciones con China vinculadas a la aplicación de medidas de salvaguardia para el comercio de carne vacuna.
Finalmente, las entidades concluyeron que cualquier modificación que altere el actual esquema de financiamiento pondría en riesgo años de trabajo conjunto, inversión privada y el posicionamiento internacional alcanzado por la carne argentina.
