AmCham reclamó que Argentina adhiera a un tratado internacional para reforzar la propiedad intelectual de las semillas
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó que el país avance con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que amplía la protección de los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. La entidad considera que la actualización del marco legal es clave para atraer inversiones, incorporar tecnología y mejorar la productividad del sector agropecuario.
El planteo fue realizado por Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, quien sostuvo que la adhesión forma parte de los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos (ARTI).
“Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable. Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”, afirmó Díaz, al expresar la posición de la cámara empresaria.
Según explicó, el acuerdo establece que la Argentina deberá presentar ante el Congreso una propuesta de adhesión antes de diciembre de 2027. La entidad pidió que el proceso no se limite al envío del proyecto, sino que también se impulse su aprobación legislativa.
La discusión por el uso propio de las semillas
El reclamo se produce en medio de las diferencias entre la industria semillera y las entidades de productores agropecuarios por la reforma de la Ley de Semillas, especialmente en torno al denominado uso propio.
Esta práctica permite a los productores reservar parte de los granos cosechados para volver a sembrarlos, una modalidad habitual en cultivos como soja y trigo. La discusión gira en torno a quiénes deberían pagar por reutilizar esas semillas, qué productores quedarían exceptuados y durante cuánto tiempo se reconocerían los derechos económicos de quienes desarrollan las variedades.
AmCham considera que la legislación argentina debe adecuarse al convenio UPOV-91 y garantizar una protección mínima de 20 años para los derechos de los obtentores vegetales, contados desde su concesión.
La cámara advirtió que una reforma que no contemple la adhesión al tratado o que establezca un régimen de uso propio demasiado amplio podría debilitar esos derechos y entrar en conflicto con los compromisos asumidos con Estados Unidos.
El impacto sobre la innovación y la producción
Para AmCham, la discusión excede la propiedad intelectual y tiene consecuencias sobre la capacidad del agro argentino para incorporar nuevas tecnologías. Según Díaz, una mayor protección jurídica podría incentivar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo y acelerar la disponibilidad de innovaciones en el país.
La entidad sostiene que esos avances podrían traducirse en mejoras de productividad, mayores rendimientos y más exportaciones, tanto en cultivos extensivos como la soja y el maíz como en producciones regionales, entre ellas el algodón, el garbanzo y el trigo.
El convenio UPOV-91 fue adoptado por más de 60 países y establece un marco internacional para proteger las nuevas variedades vegetales. Su eventual incorporación a la legislación argentina modificaría las condiciones bajo las cuales se reconocen los derechos de los desarrolladores de semillas.
El compromiso con Estados Unidos
Díaz recordó que la adhesión a UPOV-91 integra los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo bilateral. Consultado sobre las posibles consecuencias de un incumplimiento, señaló que será necesario evaluar qué compromisos no se cumplen y qué impacto podrían tener sobre la relación entre ambos países.
“Es uno de los compromisos que asumieron, con lo cual después se verá en el proceso qué compromisos de ese ARTI no se cumplen y cuáles, de alguna manera, son los impactos que van a tener en la relación bilateral”, afirmó.
El directivo no anticipó sanciones concretas ni sostuvo que un eventual incumplimiento provocaría automáticamente la caída del acuerdo comercial.
AmCham también destacó otros avances vinculados con la propiedad intelectual: la derogación, en junio, de la Resolución 283/2015, que establecía criterios restrictivos para determinadas invenciones biotecnológicas, y la aprobación en Diputados, en agosto, de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que quedó pendiente de tratamiento en el Senado.
Finalmente, la entidad pidió priorizar el debate legislativo durante las próximas sesiones ordinarias o en eventuales extraordinarias entre diciembre y febrero, al considerar que el calendario electoral de 2027 podría reducir el margen para avanzar con la iniciativa.
