Piden la “urgente sanción” de una ley que suspenda quiebras y ejecuciones
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó hoy la “urgente sanción” de una ley que “colabore con la protección del entramado productivo local” frente al impacto económico de la pandemia de coronavirus, con medidas como la “suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías”.
Así lo expresó a través de un comunicado de prensa, en el que indicó que una medida de este tipo “no sólo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan sino que, también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación”.
De esta forma, la CAC solicitó públicamente el tratamiento de un proyecto que había sido presentado por un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio a principios de mayo pasado, en el marco de medidas para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
“La CAC expresa su apoyo a una iniciativa que, con acciones como la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías, colabore con la protección del entramado productivo local en tan difícil coyuntura”, señaló la entidad.
En este sentido, sostuvo que, “de prosperar, no sólo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan, sino que también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación”.
“La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias”, aseguró la CAC.
Asimismo, remarcó la necesidad de que “esta iniciativa no sea malograda, como lamentablemente parece que ocurrirá con el proyecto de teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones acabará por desalentar esa modalidad laboral”.
La entidad advirtió que “en el marco de la severa crisis en curso, y a pesar de las múltiples y bienvenidas medidas de apoyo estatal, muchas empresas se vieron forzadas a incumplir sus obligaciones, abriendo la puerta a una litigiosidad que las expone, especialmente a las MiPyMEs, a su potencial extinción”.
La CAC instó por último a “implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad”.