Reforma laboral de Milei: ¿flexibilización o pérdida de derechos?
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Presentada como una medida para modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo, sus detractores la ven como un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores.
Uno de los cambios más significativos es la modificación en las indemnizaciones por despido. El cálculo ya no incluirá el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) ni otros conceptos de pago semestral o anual, lo que representa una reducción en el monto que recibiría un trabajador despedido sin causa. Además, se introduce la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, financiado por aportes mensuales del empleador, similar al sistema utilizado en la industria de la construcción.
El período de prueba para nuevos empleados se extenderá de tres a ocho meses. Durante este tiempo, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización, aunque con la obligación de preavisar.
Otro aspecto controvertido es la modificación del derecho a huelga. Un nuevo decreto amplía la lista de actividades consideradas esenciales, incluyendo salud, educación, transporte y telecomunicaciones, entre otras. Estas actividades deberán garantizar un servicio mínimo del 75%, lo que, según sindicatos y organizaciones de derechos humanos, limita severamente el derecho a la protesta y podría violar derechos constitucionales.
Además, la reforma permite a los empleadores modificar las condiciones esenciales del contrato laboral, como las tareas asignadas, siempre que no se consideren “irrazonables” y cuenten con homologación administrativa. Esto podría llevar a situaciones en las que los trabajadores se vean obligados a aceptar cambios perjudiciales en sus funciones sin una compensación adecuada.
La implementación de estas medidas ha sido criticada por diversos sectores, que argumentan que se trata de un ajuste económico que recae sobre los trabajadores. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado que estas reformas avanzan sobre derechos fundamentales y podrían profundizar la desigualdad en el país,
En resumen, mientras el gobierno sostiene que la reforma laboral es necesaria para dinamizar la economía y generar empleo, sus críticos advierten que podría significar una pérdida significativa de derechos para los trabajadores argentinos. El debate continúa, y su resolución tendrá un impacto profundo en el futuro del trabajo en el país.
