Trump impulsa controles migratorios en el sistema financiero de Estados Unidos
La administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que insta a las entidades financieras a revisar el estatus migratorio de sus clientes antes de otorgar cuentas bancarias, préstamos o tarjetas de crédito, en una medida orientada a restringir el acceso al sistema de migrantes sin residencia permanente en Estados Unidos.
La disposición no establece una obligación formal de exigir documentación migratoria, pero sí recomienda a los bancos recopilar esa información. Según trascendió, el Gobierno había evaluado imponer controles obligatorios, aunque esa iniciativa fue desactivada tras meses de presión del sector bancario.
Argumentos de la Casa Blanca
El texto oficial sostiene que la medida busca evitar riesgos para la seguridad nacional vinculados a operaciones financieras de personas que podrían ser deportadas.
“El acceso a servicios financieros básicos puede facilitar actividades ilícitas”, señala el documento. En esa línea, la Casa Blanca vinculó las transferencias internacionales de dinero con delitos como narcotráfico, trata de personas y financiación del terrorismo.
Trump también argumentó que otorgar crédito a personas con situación migratoria inestable implica un riesgo financiero, ya que podrían abandonar el país sin cumplir con sus obligaciones de pago.
Resistencia del sector financiero
Las entidades bancarias cuestionaron la propuesta inicial por el aumento de costos operativos y la complejidad administrativa que implicaría verificar el estatus migratorio de millones de clientes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado semanas atrás la intención del Gobierno de endurecer los controles y planteó la necesidad de establecer normas más estrictas. También cuestionó que ciudadanos extranjeros puedan abrir cuentas sin mayores restricciones.
Actualmente, los bancos en Estados Unidos no recopilan de manera sistemática información sobre ciudadanía o situación migratoria, por lo que no existen datos oficiales precisos sobre el alcance de este universo de usuarios.
Impacto en migrantes
Un informe del Urban Institute estimó que entre 5.000 y 6.000 hipotecas fueron otorgadas a personas identificadas con un ITIN (número fiscal utilizado por trabajadores indocumentados en lugar del Seguro Social).
El estudio también advirtió una creciente resistencia de los bancos a conceder préstamos a quienes utilizan este sistema.
Especialistas alertaron que el nuevo esquema podría dejar fuera del sistema financiero a millones de migrantes, incluidos beneficiarios de programas como DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ya enfrentan mayores niveles de control migratorio bajo la actual administración.
