Ley de Semillas: persisten las diferencias entre productores y semilleros y el Gobierno prepara su propuesta para el Congreso
La discusión por una nueva Ley de Semillas entró en una etapa clave luego de que las entidades del campo y el sector semillero no lograran alcanzar un consenso sobre algunos de los puntos centrales de la reforma.
Durante los últimos meses, representantes de la Mesa de Enlace y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) mantuvieron distintas reuniones técnicas para intentar acercar posiciones. Si bien hubo avances y coincidencias sobre la necesidad de actualizar la normativa vigente, que data de 1973, permanecen diferencias en torno al denominado uso propio de las semillas y el alcance de los derechos de propiedad intelectual.
En particular, uno de los principales puntos de discusión es determinar qué productores podrán conservar y reutilizar semillas de su propia producción sin pagar regalías y cuáles deberán afrontar un pago por ese uso. Según información publicada por La Nación, las entidades productoras plantean que el pago alcance a un universo menor de productores que el propuesto por la industria semillera.
El Gobierno deberá definir el proyecto
Ante la falta de un acuerdo definitivo, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), avanzará en la elaboración de su propia propuesta para actualizar la legislación y llevarla al Congreso.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcaron durante el proceso la necesidad de que la futura normativa contemple la innovación y el desarrollo tecnológico, pero también la realidad productiva y los derechos de los productores. La entidad viene participando de las mesas de trabajo junto con las restantes organizaciones de la Mesa de Enlace y representantes de la industria.
Otro de los aspectos que permanece en debate es una eventual adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuestión sobre la que tampoco existe consenso entre los distintos sectores.
Mientras el Ejecutivo define el contenido de la iniciativa, las entidades del campo y los semilleros aguardan conocer el proyecto oficial antes de fijar una posición definitiva. De esta manera, el debate continuará abierto y tendrá ahora al Congreso como escenario de la discusión legislativa.
