Estados Unidos otorgará US$ 10.000 millones para apoyar a sus agricultores ante precios bajos y altos costos
El escenario económico global enfrenta a los productores agrícolas con un panorama complicado: precios de los commodities a la baja, costos de producción elevados y márgenes que no alcanzan a cubrir las inversiones.
Sin embargo, el impacto de esta situación en los agricultores varía dependiendo del lugar donde se encuentren y, especialmente, del trato que reciban de sus gobiernos.
Los agricultores estadounidenses recibieron un alivio significativo con la firma por parte del presidente Joe Biden de un proyecto de ley que destina US$10.000 millones en pagos directos para mitigar la baja de precios.
La legislación estadounidense ofrece hasta US$250.000 a los agricultores de granos finos y gruesos, con un sistema que se activa dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.
Según estimaciones, los pagos incluyen hasta US$47,5 por hectárea para el trigo, 107 para el maíz y 70 para la soja.
Esta suma se complementa con más de US$20.000 millones en asistencia por desastres naturales, lo que representa un importante apoyo para muchos agricultores en un contexto de pérdidas.
“Los agricultores y ganaderos merecen algo mejor”
A pesar de este respaldo, surgen voces disonantes desde las organizaciones agrícolas, como la Unión Nacional de Productores, que reclaman que los agricultores merecen una asistencia más robusta, especialmente con la inminente reforma del proyecto de ley agrícola prevista para principios de 2025.
Para muchos, los pagos de asistencia no son suficientes frente a los grandes retos que enfrenta la agricultura a nivel global.
Al mismo tiempo, desde la American Farm Bureau Federation (AFBF), se destacó que la ley ofrece un respiro para los legisladores y los agricultores, mientras se trabaja en una herramienta más moderna para la gestión de riesgos en el sector.
Según el proyecto de ley, los establecimientos pueden calificar para recibir ayuda si el ingreso bruto de un producto elegible es inferior al costo de producción esperado, con pagos que podrán alcanzar hasta US$125.000 para aquellos cuya actividad agrícola represente menos del 75% de sus ingresos, y hasta US$250.000 si superan ese umbral.
La medida surge tras las intensas presiones de los grupos agrícolas, que habían solicitado una intervención del Congreso para brindar certidumbre frente a una economía agrícola en declive.
La legislación aprobada se considera un respiro necesario para los productores, especialmente en un contexto económico difícil, donde la escasez de ganado y los precios bajos de los cultivos provocaron una significativa presión en los márgenes de los agricultores.
