Cambiar la matriz energética argentina reemplazando las fósiles por las renovables no es nada fácil, menos en tiempos de Vaca Muerta y gas abundante. Los desarrollos en torno al litio son incipientes. Pese a los discursos, lo mejor se va afuera.
Por Franco David Hessling
En los últimos tiempos se ha venido tomando más en serio en Argentina lo que representa la disponibilidad de litio en los salares de tres provincias: Salta, Jujuy y Catamarca. A su vez, a nivel continental, se conoce como “triángulo del litio” a los países que disponen de tal elemento mineral: Argentina, Chile y Bolivia. El proceso de sustracción de salmuera y obtención de carbonato de litio deja una huella hídrica significativa con un alto impacto ambiental, aunque la utilización del carbonato se emplea para baterías, tanto de tecnología comunicacional como de movilidad eléctrica. Esto último representa una transición hacia el abandono de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, pasando de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos.
Con una inversión de poco más de 7 millones de dólares, se puso en marcha en La Plata la UniLIB, primera planta de fabricación de celdas y baterías de litio en Argentina. UniLIB es una iniciativa en la que se entrelazan actores privados, como la estadounidense Livent que provee el carbonato obtenido, empresas nacionales como Y-TEC y entidades públicas de ciencia y tecnología como ciertos ministerios, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto se anunció a mediados de 2021, aunque recién a fines de 2022 entraron desde China una enorme cantidad de equipamientos que permitirán la producción de celdas y baterías a una escala significativa. A fines de 2022 se anunció que se replicará ese mismo modelo de fábrica en Santiago del Estero. Se calcula que UniLIB tendrá para una producción anual equivalente al almacenamiento de 13 MWh, es decir, unas 1000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables, equivalente también a 50 de las baterías empleadas para colectivos eléctricos.
Justamente en marzo de este año se puso en marcha el primer ómnibus eléctrico del país, en La Plata. Ya se había probado un primer prototipo en 2020, que tenía una autonomía de 60 km. Esta segunda versión perfeccionada alcanza una autonomía de 200 km, tiene un cargador de 40 kW y completa su carga en un período de entre 4 y 6 horas.
La hora de Yacimientos Litíferos Fiscales
Si UniLIB prospera y abre paso a lo que Guillermo Garaventta, investigador experto en litio y pionero en el país en movilidad eléctrica, viene demandando hace tiempo, el litio debería declararse recurso estratégico con todos los efectos jurídicos que ello acarrea, involucrando al estado nacional en todo lo que englobe su aprovechamiento. Además de agregar valor con empresas nacionales de producción de baterías, de ese modo se involucraría al país en la exploración, extracción y sustracción de carbonato de litio. Garaventta, ha venido sugiriendo la necesidad de crear Yacimientos Litíferos Fiscales (YLF).
“Catamarca y Salta -por ejemplo- no obtienen ningún tipo de regalías, sólo generación de empleo, ganancia e ingresos brutos. Las empresas que están extrayendo litio sacan entre 30 y 40 mil toneladas por año. Y las extraen por una declaración jurada. Eso no se puede controlar, no hay nadie para medir que esa declaración sea así, las concesiones son cerradas y no se puede entrar”, especificó Garaventta en una entrevista publicada por la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires en octubre del año pasado.
Litio que, como las vaquitas, se hace ajeno
Volvamos a la circularidad. Entonces, ante la huella hídrica y el impacto ambiental de la industria del litio, cabe la pregunta sobre qué puede reaprovecharse luego de la sustracción del elemento.
Frente a esa consulta, el ingeniero y doctor Pablo Dellicompagni, investigador de CONICET del Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO), consideró que “esto abre una discusión fuerte, dado que todo o casi todo lo que se produce de carbonato de litio ‘se va’ afuera. Pero en los salares, donde están instaladas las empresas se pueden ver montañas de sal, que son residuales de los procesos de obtención de carbonato. De esas sales residuales, una pequeña parte se reinyecta en el proceso, otra pequeña parte se emplea para fertilizantes y la mayor parte simplemente se acumula a nivel del suelo”.
Entonces, si bien hay una intención de generar cierta circularidad con reaprovechamientos durante el proceso de obtención de carbonato de litio, el investigador reflexiona sobre el asunto desde una perspectiva más general que tiene que ver con lo que se conoce como “soberanía energética” y que en Argentina apareció en el discurso político primero con la creación de YPF (1922) y luego con un olvidado libro del hermano más famoso de Silvio Frondizi, “Petróleo y política” (1954).
“Es importante tener en cuenta que la fabricación de baterías de ion-litio a gran escala requiere una infraestructura industrial adecuada y una cadena de suministro completa que involucre tanto la extracción y el procesamiento del litio como la fabricación de los componentes de las baterías y su ensamblaje final. Esto lleva a otro interrogante, si todo o casi todo el carbonato de litio se va a fuera, ¿cómo podríamos asegurarnos de auto-proveernos del insumo metalífero para montar una cadena de producción completa de baterías que no sean meros prototipos sino más bien estándares finales?”, subrayó Dellicompagni, en evidente sintonía con Garaventta.
Segmentación tarifaria: acabar con los subsidios
Esta nota vuelve ahora al diálogo con la secretaría de Energía, Flavia Royón.
–¿Cómo evalúa la implementación de la segmentación tarifaria para los servicios de luz y gas?
-Ya está completamente implementada la segmentación, de hecho, el segmento de altos ingresos, o aquellos que no solicitaron el subsidio, a partir del primero de mayo ya se les retiró eso. Por supuesto que se mantienen los subsidios para el segmento de bajos ingresos y a la clase media, que era el espíritu de la segmentación. El espíritu de la segmentación era que aquel que pueda afrontar el costo de la energía realmente lo haga, y que el Estado esté para aquellos que necesitan acompañamiento hasta ir convergiendo a que todos paguen el precio de la energía competitiva, teniendo en cuenta la recuperación del salario, para que sean, Dios quiera, cada vez menos los que necesiten el acompañamiento del Estado para pagar las facturas de luz y de gas.
–Entonces, si se van recomponiendo los salarios y mejora la situación económica del país, ¿se seguiría avanzando en la quita de subsidios para que más personas abonen el precio “competitivo” de la energía?
-Así es. En la medida en que haya recomposición de los ingresos de la población, apuntamos a que se asuman los costos competitivos de la energía.
Subsidiando el calentamiento global
La literatura especializada ha definido dos grandes grupos de políticas de promoción de las energías renovables a través de las tarifas a la generación distribuida. La generación distribuida es aquella a través de la cual la generación de un usuario se inserta a la red y, por lo tanto, éste se convierte en un usuario-generador. Ante ello, los gobiernos pueden optar por fomentar las energías renovables haciendo un balance neto de lo que se aporta y aquello que se consume de la red, o, como un segundo grupo de políticas tarifarias para fomentar la incorporación de renovables, se pueden directamente destinar los subsidios a que la energía generada por fuentes renovables para usos domiciliarios o de pequeños comercios tenga un valor muy menor en cuanto al precio por kWh, es decir, al precio por la energía consumida.
El modelo argentino se ha inclinado por la primera de esas opciones de promoción: reconocer los usuarios-generadores y realizar balances netos. Entonces, en términos ambientales, al financiar a los usuarios finales con subsidios a su tarifa de consumo eléctrico, dentro de un esquema de generación eléctrica que en su mayoría depende de combustibles fósiles, se está incurriendo en un fomento solapado de los hidrocarburos.
La segmentación tarifaria, tal cual reconoce la secretaria Royón, se plantea como el primer peldaño de una cadena paulatina de quita definitiva de subsidios a las tarifas de servicios básicos de energía. ¿Qué ocurriría si ese dinero de subsidios, en vez de recortarse, como pretende el FMI, y ocuparse para pagar deuda externa, se utilizase para subvencionar el precio por kWh para la energía generada a partir de fuentes renovables? Seguramente más usuarios finales de la energía se interesarían en instalar dispositivos de auto-abastecimiento en sus hogares o pequeños comercios.
